* Un sistema financiero debilitado y expuesto al lavado de dinero, la posibiloidad de derrar operaciones, son algunas de los escenarios que tiene el sistema financiero nacional
La reforma a la Ley 842 Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias es un grave riesgo para la economía del país no solo por que ataca a los banqueros, sino porque en esencia es una ley anti todo. Es decir cualquier abogado puede utilizarla como jurisporudencia contra cualquier tipoi de acción que considere que atente contra la igualdad de derechos de los consumidores. Hará desaparecer aquello de “nos reservamos el derecho de admisión”, dado los enormes vacíos que contiene la iniciativa de ley, aparte obviamente del misil contra el sistema financiero nacional.
Más allá de las consideraciones políticas le presentamos cómo afectaría al sistema financiero y el país esta Ley si se llega a aprobar.
1. Se reforma el artículo número 5, Definiciones, para incorporar al Estado y sus instituciones “cuando actúan como consumidores o usuarios”. Primero esto es una gran contradicción de la ley, ya que es el Estado quien vela por el cumplimiento de la Ley, por lo que al constituirse como un usuario o consumidor, se convierte en un ente incapaz de resolver sus propias contradicciones legales con el resto de la sociedad, y se convierte de forma arbitraria en juez y parte.
El Estado no necesita que se le nombre como usuario o consumidor pues por su propia naturaleza lo es. En segundo lugar para actuar en nombre del Estado cualquier funcionario debe tener la representación correspondiente y actuar en correspondencia. Es decir un funcionario que ha sido sancionado, lo está de forma personal y no como representante de la institución. Ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional, fue sancionado como persona, no como funcionario, de forma que al exigir un derecho, no puede esgrimirlo como representante del Estado, por lo que cualquier entidad financiera puede rechazar cualquier relación contractual con él, sin transgredir la ley. El funcionario no es el Estado. Por definición todos los nicaragüenses podemos decir que el Estado somos todos si nos atenemos a un concepto más sencillo “Estado es la forma política suprema de un pueblo”. El caso de la Policía lo abordaremos más adelante.
2. En Cuanto a los servicios financieros, en esta reforma se incluye de forma peligrosa al Banco Central de Nicaragua como nuevo “ente regulador” el cual según la nueva ley atenderá reclamos que estén bajo su jurisdicción. En realidad la función de la banca central no es la de atender reclamos o disputas. Su ley orgánica dice que “el objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua es la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos externos e internos” (Art. 3 de la Ley Orgánica del BCNH), y por ninguna parte de la iniciativa menciona una reforma a esta ley para agregarle esta nueva función al BCN. El artículo 5, de la misma ley define las “funciones y atribuciones”, en las que por ninguna parte menciona que este banco atenderá reclamos. Sí la ley dice que para adecuar la ley de reforma se establece lo que dice la Constitución en el artículo 150, inciso 10, pero esto se refiere a “Reglamentar las leyes que lo requieran, en un plazo no mayor de sesenta días”, cualquier reglamento que reforme una ley es ilegal (hay suficiente jurisprudencia de ello). De forma que se está violentando el espíritu de las instituciones, en este caso el BCN. Aquí aplica el mismo cuestionamiento que se hizo cuando se dieron las quiebras bancarias entre 2000 y 2001, que se cuestionó las atribuciones que se le había dado al BCN. En esa ocasión el BCN salió al rescate (ilícitamente) del sistema financiero, emitiendo bonos de deuda que todavía se están pagando. Hoy el escenario es similar.
La AN tiene en sus manos el futuro del país
3. El estado, usuario y consumidor, ahora exigirá a los bancos y todo el sistema financiero que no deben negar ningún servicio “sin causa legal justificada”. Y aquí viene lo delicado. El proyecto de ley se refiere a “contratos o transacciones que legítimamente gestionadas realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privada o mixtas”. Se refiere a las transacciones gestionadas, pero no justificadas ni soportadas por el cliente, como es actualmente. Por ejemplo si alguien llega con una maleta de dinero al banco, éste tiene que justificar la procedencia del dinero, de lo contrario el banco puede rechazar su dinero a partir de una presunción, y reportarla como bien lo señala la legislación contra el lavado de dinero vigente y las normativas de la SIBOIF. Con la nueva ley el Banco tendrá que esperar una resolución judicial de lo contrario violaría la ley, y sería objeto de sanción. Aquí el problema planteado es cuál ese mecanismo legal que requiere la ley. No lo dice la ley. Por otro lado hay que considerar que todos los altos funcionarios del Estado son Personas Políticamente Expuestas, lo cual justifica que sus operaciones financieras sean rechazadas o tratadas como tal a consideración de la banca, en aras de las buenas prácticas contra el lavado de dinero, y si no pueden justificar el origen de su dinero. En este sentido rompen con el principio de autonomía de la voluntad al exigirle a las entidades financieras que establezcan relaciones con todos aquel que demande sus servicios sin guardar la debida diligencia, hasta que un tribunal determine lo contrario. Este es incluso el caso de las instituciones del Estados que hayan sido sancionadas por organismos en el exterior. Tienen que ser tratados como clientes de riesgo y la entidad bancaria tiene que actuar en consecuencia para proteger sus propios intereses. Si la Policía Nacional quiere hacer una transacción al exterior en virtud de sus compromisos, no lo podrá hacer ya que el banco nacional no contará con una sucursal que se lo permita.
El BCN sería un nuevo entge regulador
4. La reforma entrará en una enorme contradicción con el cuerpo de leyes en la lucha contra el lavado de dinero en el país por su confusión y errado planteamiento, lo cual provocará que se enciendan las alarmas, una vez más, de los organismos financieros internacionales, dado que habrá una ruptura por ley de la normativa internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En esta iniciativa se cometen muchos errores, por decir lo mejor, de carácter conceptual, doctrinal y jurídicos.
En Nicaragua hay libertad de empresas, y por lo tanto de contratación, y nadie puede ser obligado a dar un servicio cuando la entidad considere que la misma constituye un riesgo.
Por otro lado esta ruptura en las acciones de prevención, puede llevar al país a un mayor aislamiento del sistema financiero internacional ya que somos parte de un sistema financiero interconectado y regulado. Hace 20 años las recomencaciones, que eran diez, ahora van por 40 y siguen sumando, del Grupo de Acción Financiera (GAFI) era eso, recomendaciones. Hoy son exigencias que deben ser incorporadas a las legislaciones de los países, les guste o no. No aplicarlas puede conllevar perjuicios para el país. Por eso, por “recomendaciones” del GAFI, en contra de la voluntad de muchos se creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se aprobaron leyes contra el lavado de dinero y se reformaron las normativas de la Superintendencia de Bancos en ese sentido. Es por esa razón que el país es obligado a reportar todos los movimientos sospechosos que tienen que ver con narcotráfico, terrorismo, armas de desatrucción masiva, y el país tiene que estar acualizando su legislación ajustándolas a las recomendaciones de este grupo. No somos una isla, pero esta reforma sí nos convertirá en una.
Que implicaciones tiene:
1. Se podrían cerrar los servicios financieros del exterior. Estamos interconectados. Ningún banco en el exterior (corresponsales) querrán tener relaciones con bancos de una país que no garantice que su dinero no sea contaminado por dinero ilegal, con lo cual podrían exponerse ellos mismos a sanciones.
2. Esto generará que muchos servicios financieros se vean afectados. Por ejemplo remesas y transferencias. El dinero se mueve entre los bancos socios (corresponsales) quienes brindan este tipo de servicios financieros. Es decir una empresa en Nicaragua necesita de otra en el exterior que le permita canalizar, previo pago de un monto establecido, dinero de un país a otro, o de una transacción financiera entre una empresa en un país a otra de otro país. Así se verían afectadas las remesas y las operaciones entre empresas exportadoras e importadoras, dada la ruptura del orden legal en Nicaragua.
3. La obtención de recursos de la banca comercial también se haría más difícil por las mismas razones. Tener socios en una Nicaragua sin controles antilavado no será una buena idea.
4. El riesgo puede ser mucho mayor. Los bancos nacionales tienen sucursales en otros países de la región, de forma que cualquier medida contra el sistema financiero nacional podría tener serias repercusiones en sus operaciones regionales.
5. Los bancos pueden optar por cerrar o reducir al mínimo sus operaciones en el país y operar desde otros países de la región, en caso de que la situación empeore, algo que es muy difícil de esperar. El gobierno está claro de la importancia del sistema financiero nacional como para arriesgarse .
¿Qué hacer?
Las opciones que tiene la banca nacional son limitadas, pero cada una con una profunda repercusión.
1. Aceptar la ley, y arriesgarse a ver qué pasa con las repercusiones en el exterior. Es decir que se dé efectivamente un aislamiento internacional del sistema financiero.
2. Que los bancos declaren la guerra al proyecto y obliguen al gobierno a no aprobarla, y si la aprueba recurrirla ante la Corte Suprema de Justicia, y todos los organismos y foros internacionales.
3. Una vez aprobada, y firme, plantarse firmes y no cumplirla, y exponerse a sanciones por el gobierno. Aquí hay que poner en la balanza el peso de una sanción del gobierno, o un aislamiento del sistema financiero internacional. El aislamiento internacional los expone a la aniquilación, las sanciones del gobierno podrían quedar en solo fintas. La pelota está en manos de los banqueros. Con un comunicado no harán mucho.
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