Una entidad que gasta mucho dinero pero sus resultados son nulos. Procompetencia es de las pocas instituciones cuyo gasto en nómina es del 88%, mientras no tramita ni un caso.
Por Luis Núñez
En 2006, después de largos años de discusiones y tercias, fue aprobada la ley 601 de promoción de la competencia en Nicaragua. Atrás quedaron agrias discusiones para su aprobación, y no era para menos: Su verdadera intención era acabar con las prácticas monopólicas en el país, un verdadero talón de Aquiles de la economía nacional, según expertos. La ley creó el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia). Sin embargo, el papel de esa institución ha sido nulo. Una entidad que gasta dinero, pero cuyos resultados son nada.
Esa nada es lo que se desprende de un análisis de su presupuesto, contrastado con los informes de gestión. El último corresponde a 2015. La institución inició con algo más de 6 millones de córdobas, y para el año 2021 ese presupuesto se incrementó a 16, 578 millones sin una justificación convincente.
Según informe Procompetencia, entre los años 2010 y 2015 se tramitaron 45 denuncias contra diferentes empresas, tanto nicaragüenses, como transnacionales por prácticas anticompetitivas. Sin embargo, ninguna se resolvió. De esas demandas, 11 fueron resultas por la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el resto fueron desestimadas o las partes desistieron del reclamo, pese que los conflictos eran sobre prácticas desleales y promoción del libre mercado.
Presupuesto para salarios
Fuentes de Procompetencia[1] sostienen que el poco trabajo de esta entidad no se compensa con el abultado presupuesto que, en su mayoría, está destinado para pagar salarios. El presupuesto del año 2020, fue de 16 millones 577, 8 mil córdobas, de los cuales 13 millones, 695.7 mil córdobas son para el pago de planilla, para un personal de entre 13 y 14 personas.
Otros 2 millones 230 mil córdobas están destinados para el pago servicios como energía, telefonía, servicio de agua, primas, gastos de seguro, viáticos para viajar al interior del país (los cuales suman 883 mil córdobas), combustible (para el mismo personal). Además el presupuesto incluye una fuerte partida para combustibles y lubricantes por un monto de 497 mil 280 córdobas, y otra partida para alimentos 75 mil 996 córdobas.
Directivos de Procompetencia con la presidenta de la CSJ Alba Luz Ramos
Para entender el funcionamiento de Procompetencia respecto a su presupuesto solicitamos una entrevista con su director, Luis Humberto Guzmán. Aunque dijo que nos atendería, finalmente no brindó la entrevista.
La Constitución Política de Nicaragua consigna que “El Estado promoverá y tutelará la cultura de la libre y sana competencia entre los agentes económicos, con la finalidad de proteger el derecho de las personas consumidoras y usuarias”. Sin embargo, esto es papel mojado para el economista Oscar Neira, quien califica a Procompetencia como “un elefante blanco”.
A mayor presupuesto, menos incidencia
“No ha servido para nada”, afirma Rubén Arreola, del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), quien ve exagerado el presupuesto para una institución cuyo impacto social es casi nulo. Arreola lo ejemplifica con el sector de las gasolineras en el que no hay competencia. “No funciona, ¿por qué no se les pone el cascabel al gato a las gasolineras?”, pregunta.
Al revisar los datos se observa que el presupuesto para Procompetencia ha venido en crecimiento, sin que haya un solo año en el que no deje de crecer. Incluso el presupuesto del 2021 creció, aún con la profunda crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Pasó de 16 millones 577.7 millones de córdobas a 16 millones 578. Mínimo pero incremento.
PRESUPUESTO PROCOMPETENCIA
Año
Presupuesto Casos tramitados
2009-2010 n. 8
2011 7,439,998 3
2012 8,997,000 5
2013 10,141,903 2
2014 11,868,000 4
2015 n.d 5
2016 14, 115, 342 n.d
2017 15, 162, 000 n.d
2018 15,972, 250 n.d
2019 16, 110219 n.d
2020 16, 577, 794 n.d
2021 16, 578, 000 n.d
Fuente: Presupuesto General de la República, Ministerio de Haciendia y Crédito Púbico, Procompetencia
*Último informe es al 2016, con datos al 2015.
Mientras a muchas instituciones se les redujo el presupuesto, ajustándose las nuevas condiciones, Procompetencia no sólo preservó su mismo presupuesto, sino que lo aumentó. En 2017 obtuvo un presupuesto de 15 millones 162 mil córdobas. En 2018, fecha cuando estalló la crisis de abril, aún con el desplome de los ingresos tributarios, Procompetencia mantuvo su presupuesto de ese año de 15 millones 793 mil córdobas (cuando se ajustó el presupuesto de muchas instituciones). En 2019, el año más crítico para la economía, Procompetencia vio incrementar su presupuesto a 16 millones 480 mil córdobas.
En esos años, según la información oficial de esta entidad, no existen registros de actividad, es decir de casos tramitados. Sin embargo, los principales directivos de la entidad han tenido una activa participación en los medios de comunicación, hablando de la crisis política nacional. Incluso el subdirector de Procompetencia Cairo Amador, es miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, creada por el gobierno, en un doble papel como funcionario público. Esta Comisión fue creada por el Estado, a través de la Asamblea Nacional, y su mandato ha sido prorrogado en diferentes ocasiones.
“No han estado a la altura de un país con práctica monopólica”, afirma el sociólogo Cirilo Otero, al referirse que esta institución no tiene ninguna incidencia en garantizar la libertad de comercio e igualdad de condiciones para los diferentes actores económicos en el país.
En el caso de las gasolineras, según Arreola, estas han funcionado como “cartel en el que no existe la competencia”. Sin embargo, no hay ninguna resolución o supervisión por parte de Procompetencia, afirma el abogado, especialista en derecho de los consumidores. Arreola agrega que tampoco hay una firme incidencia en el funcionamiento de otros “carteles empresariales”.
De 20 entrevistas que se revisaron del subdirector de Procompetencia en los diferentes medios de comunicación, todas fueron relacionadas con la comisión mencionada. Ninguna tuvo que ver con la promoción de la competencia. La presencia del presidente de la entidad fue prácticamente nula.
De la misma forma esta institución no tiene ningún presupuesto destinado a la publicidad o promoción de la libre competencia, o al menos prácticas correctas en el mercado.
Sin embargo, en virtud de la nueva reforma a la Ley de Registros Públicos, en el artículo 36, inciso a) número 11, indica que las sociedades mercantiles también están obligados a adjuntar un documento de no objeción de Procompetencia, en el caso que sea conforme la Ley 601, de Promoción de la Competencia, el cual podría aumentar el presupuesto de esta entidad, algo que estará por verse ya que la ley no indica que se vaya a cobrar, pero en la práctica constituye un costo que eventualmente podría cobrarse.
Desaparecidos durante crisis sanitaria
Por su parte la especialista en gestión Pública Dayra Valle, Ex analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEPP) señala que durante la crisis sanitaria del Covid-19 elpapel de Procompetencia fue nulo totalmente, en momentos en los que más se necesitaba dada la emergencia planteada, cuando algunas empresas estaban incrementando el precio de insumos necesarios.
El papel desempeñado y el valor agregado que esta entidad ha dado a la sociedad es mínimo, sobre todo en el contexto de afectación de la pandemia del Covid-19, en el que muchas empresas realizaron prácticas desleales con productores y distribuidores de equipos de primera necesidad, insumos de higiene, mascarillas entre otros.
Dayra Valle
“En este contexto la función que pudo haber desarrallado fue fundamental. Se necesitó una gran cantidad de insumos para protección personal que requeríamos la ciudadanía, las empresas y los negocios, pero lo que observamos es que se dispararon los p´recios, proveedores, realmente subieron los precios de foma tal que no fueron controlados. Procompetencia debió haber seguido los casos de provedcors que cobraron sobreprecio de mercado aprovechándose de la crisis", afirma Valle.
"Deberíamos ver a Procompetencia advirtiendo de estas prácticas anticompetitivas. Revisé en la página guía, y no vi ninguna guía o manuales advirtiendo de algunas situciones dando seguimiento a casos concretos en los que hubo prácticas anticompetitivas, que fueron más allá de los precios", afirma, y denuncia la ausencia de esta institución, con un elevado presupuesto en comparación con su incidencia, asegurando que "durante la pandemia se cometieron irregularidades como proveedores que se han comprometido a entregar bienes y servicios, proveres y que quedaron mal, no han cumplido".
De hecho el secrtor de pequeñas empresas es uno de los más golpeados, no solo por la pandemia, sino por las prácticas anticompeteitivas del país, sin embargo no hay ninguna incidnecia de Procompetencia apoyando la competitividad de las pymes enun contexto de crisis, "uno de los sectores más castigados será el de las pymes, no tendrán mucho campo, los insumos para producir, otros importados que producto del cierre ha generado resultados funestos, la economía la ha castigado mucho. Procmpetencia está tiempo de tomar un rol protagonico como el de generar capacidades, hacer recomendaciones", afirma Valle.
Nuevamente insistimos, buscamos la versión de los directivos de la institución, quienes respondieron que podrían atender, pero no dieron ninguna respuesta.
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