* Los peores temores de la administración de Daniel Ortega se podrían hacer realidad próximamente
* El objetivo fundamental de la ley es obligar a Ortega a realizar elecciones justas, transparentes y observadas
Senadores estadounidenses iniciaron el procesode aprobación del proycto de ley de Reforzamiento dela adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electora, conocida como Ley RENACER, la cual plantea un incremento de las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, coordinadas entreCanadá, Estados Unidos y la Unión Europea.
En su última aparición en medios de comunicación oficialista, Ortega clamó por el cese de sanciones contra él, su familia y sus allegados, los que incluyen la Policía y el Ejército, sin embargo sus palabras no tuvieron eco y los senadores, demócratas y republicanos, se unieron para impulsar el proyecto de ley.
Esta ley se introdujo desde el mes de marzo y con ella exigen al gobierno de Daniel Ortega “elecciones libres” y con todas las garantías de acceso a elegir autoridades de forma transparente en las próximas elecciones, al tiempo que demandan libertad de prensa y respeto de los derechos humanos.
Esta ley profundiza todavía más el régimen de sanciones contra Ortega y son complementarias a las ya existentes, por lo que se prevé que no haya mayores problemas para aprobarlas.
Deborah Ullmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), en entrevista para el programa Esta Semana, explicó en marzo, cuando se introdujo la iniciativa, que la administración del presidente estadounidense Joe Biden, no necesariamente debe esperar la aprobación para aplicar sanciones al régimen de Ortega.
Sin embargo afirmó que con esta ley Nicaragua será puesta en la mira de Estados Unidos, como un importante riesgo para la estabilidad política de la región, donde se busca evitar la consolidación de otra dictadura como la de Cuba y Venezuela.
Esta ley incluiría sanciones, ya no solo contra funcionarios del actual régimen, sino también contra entidades y organismos vinculados al gobierno, como el Instituto de Previsión Militar, del Ejército de Nicaragua. Además incluye un mandato de supervisar y auditar estrictamente todos los crécitos y financiamientos que recibe el gobierno nicaragüense, para evitar malversaciones. En los últimos desembolso, se incluyen cláusulas de administración y supervisión, para lo cual se han encargado a organismos internacionales adscritos a la Organización de Naciones Unidas.
Casiun treintena de funcionarios cercanos a Daniel Ortega han sido sanciondos por Estados Unidos, y la Unión Europea. Él último, Francisco López, fue sancionado por Reino Unido, que ya no pertenece a la UE. Al mismo tiempo empresas manejadas por funcionarios cercanos a la familia presidencial como Albanisa, Bancorp, entre otras han sido también sancionas, así como la Policía Nacional, en el marco de la Ley NicaAct y otras leyes antilavado de dinero.
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